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Por GABRIEL FERNÁNDEZ *
El estilo dialoguista sigue ofreciendo pruebas de su escasa capacidad para obtener resultados satisfactorios. Hace pocas horas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su “profunda preocupación por el hostigamiento y la estigmatización en contra de periodistas argentinos por parte de funcionarios del gobierno de Alberto Fernández”. Requirió al jefe de Estado que modifique ese proceder y evite que la Argentina “retroceda”.
El pedido público de la SIP se refiere (lo explica en un comunicado), a las “amenazas de procesos judiciales y campañas de descrédito en contra de prestigiosos periodistas argentinos, entre ellos, Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro”. Como se observará, la entidad empresaria internacional no teme limar su propio prestigio.
El titular de la entidad, Christopher Barnes, indicó que es preciso “prestar atención a Argentina, porque creíamos que la persecución, el acoso y la estigmatización gubernamental contra medios y periodistas era cosa del pasado”. Barnes es director del diario jamaiquino The Gleaner (El Cosechador, podríamos traducir). “Esperamos que el presidente Fernández, respetuoso de las garantías constitucionales, alentará la moderación de sus funcionarios y no permita al país retroceder al pasado en materia de libertad de prensa y expresión” completó.
La acción de la SIP –“esos hampones”, como definiera limpiamente a sus miembros Arturo Jauretche– se relaciona con la persistencia y profundización de polémicas abiertas en la sociedad argentina acerca de algunas escandalosas tergiversaciones mediáticas de la realidad nacional. En ese marco es preciso inscribir la vinculación de periodistas liberales antiperonistas con los servicios de inteligencia, su accionar para tensionar el rol del Poder Judicial y su boicot a la cuarentena dispuesta por el oficialismo para cuidar la salud de la población en medio de la emergencia sanitaria.
En el ámbito local, el diario La Nación, entre otros, salió a fundamentar el planteo de la SIP. En su edición de hoy apuntó que “dirigentes del oficialismo reclamaron públicamente que sean detenidos algunos periodistas. Lo que llevó a profesionales prestigiosos, como Marcelo Longobardi a advertir que se preparan intentos para encarcelar periodistas en la Argentina”. Con sentido del humor no develado, el matutino que participó de todos los golpes de Estado en la Argentina contemporánea intentó describir la asociación citada: “entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Con sede en Miami, la componen representantes más de 1300 publicaciones”.
Sigamos. El periodista mexicano Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, explicó que la preocupación por los hechos recientes responde a que “el hostigamiento verbal o virtual y la estigmatización, más allá de la intención de buscar restar credibilidad a los periodistas, indefectiblemente son el preámbulo de la violencia. Las autoridades de la SIP dijeron que el discurso de odio, que actualmente ha generado un trascendente debate a escala mundial, además de incentivar la violencia, debilita la libertad de prensa y la democracia”.
La maniobra tiene la intención de acorralar al gobierno argentino para que obedezca los lineamientos económicos propuestos por las minorías agroexportadoras, los sectores financieros y las compañías privatizadas de servicios públicos que están entrelazadas con los grandes medios. También, a forzar un desencuentro interno en la coalición gobernante, induciendo un desmarque entre el jefe de Estado y su vicepresidenta, quien lo había promovido en el tramo preelectoral. Asimismo, a quebrar el vínculo entre los espacios kirchnerista y massista que configuran las zonas más importantes de esa agrupación.
El decurso de los acontecimientos recientes ha evidenciado la configuración de un bloque productivo nacional formado por la totalidad de los protagonistas del mercado interno. Estas franjas, a diferencia de otros tramos de la historia, han encapsulado a las minorías antiproductivas y están presionando sobre el gobierno para el establecimiento de una economía nacional orientada al crecimiento y la generación de empleo. Es necesario recordar que el conjunto de las empresas productivas argentinas, más las cooperativas –entre las cuales se cuentan los medios de comunicación populares-, el movimiento obrero y las organizaciones sociales, han desplegado su planteo por una intervención estatal, especialmente en el rubro agroalimentario y exportador.
Sin embargo, hasta el presente, el presidente Alberto Fernández intentó un buen trato con los medios monopólicos. Los recibió, dialogó con sus directivos y sus periodistas, ratificó las grandes pautas publicitarias previas y hasta cooperó con el pago de sueldos con el argumento de zanjar dificultades financieras en medio de la cuarentena contra la pandemia. La respuesta salta a la vista. En ese trazo de acción, cabe incluir la desatención hacia los medios sociales que la comunidad ha generado, pese a aventajar notoriamente en calidad a los concentrados, y la neutralización de los lineamientos editoriales de los medios públicos, que no van a fondo en ninguna de las temáticas de actualidad y ni siquiera se animan a realzar las políticas estatales.
Bien. Esta táctica asentada en la amistad con los monopolios de la comunicación ha llegado a un borde inocultable. El trato privilegiado y la priorización de sus intereses sólo ha derivado en crecientes ataques contra la sociedad, focalizados en un momento crítico de la vida nacional. Esto es así porque la trama económica que contiene a esas empresas va mucho más allá de la voluntad de un directivo o de un periodista y se genera en las necesidades de los conglomerados empresariales que dominan el rubro. Estos espacios no respaldaron la gestión oligárquica previa por error; lo hicieron para desmontar la economía productiva nacional y trasladar recursos hacia la renta, la exportación primaria y la fuga de divisas.
El gobierno argentino tiene ahora la posibilidad de actuar en beneficio del pueblo en su conjunto. No sólo porque es justo hacerlo, sino también porque posee un respaldo social sólido y mayoritario para concretarlo. Ese apoyo puede diluirse si insiste en consentir insultos como los descriptos en las líneas precedentes y persistir en una política que fortalece a quienes lo atacan. La intoxicación que están gestando los conglomerados que encarna la SIP, damnifica la perspectiva de construir una sociedad armónica. Las derivaciones a gran escala de semejante accionar pueden ser trágicas para nuestra Patria.
- Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal
